#OscarFlorentin: El programa Hambre Cero en las Escuelas registró un incremento del 64,9% en sus recursos entre 2025 y 2026, impulsado por la ampliación de la cantidad de estudiantes beneficiados y el aumento del costo de alimentación por alumno. Una investigación advierte que este crecimiento también genera una mayor presión sobre las finanzas públicas.
El análisis fue elaborado por Ana Karajallo, coordinadora de Operaciones de la organización Reacción, quien examinó la evolución del financiamiento del programa y los desafíos para garantizar su continuidad.
Según los datos del estudio, en 2025 el programa alcanzaba a 968.948 estudiantes, mientras que en 2026 la cobertura aumentó a 1.044.816 beneficiarios, lo que representa un crecimiento cercano al 8%.
Sin embargo, el aumento más significativo se registró en el costo por estudiante, que pasó de aproximadamente G. 2 millones en 2025 a G. 3,1 millones en 2026, una suba de hasta el 52,9%.
En términos presupuestarios, los recursos destinados a Hambre Cero pasaron de aproximadamente G. 1,9 billones a G. 3,2 billones en un año.
Uno de los principales puntos señalados por la investigación es el cambio en las fuentes de financiamiento. Mientras en 2025 la mayor parte de los recursos provenía del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), en 2026 el Tesoro Público pasó a cubrir aproximadamente el 64,1% del total.
Esto significa que el programa depende cada vez más de recursos provenientes de impuestos, situación que, según la organización, obliga a evaluar su sostenibilidad financiera a largo plazo.
El estudio también cuestiona la disponibilidad y transparencia de la información presupuestaria, al considerar necesario facilitar el acceso público a los datos sobre la utilización de los fondos.
Para 2027, el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla aproximadamente G. 3,2 billones para Hambre Cero, unos G. 289.905 millones más que el presupuesto de referencia del año anterior.
Pese a las advertencias financieras, la investigación reconoce la importancia del programa para garantizar la alimentación escolar, favorecer la permanencia de niños y adolescentes en las aulas y contribuir a reducir las desigualdades sociales.
El desafío, según el análisis, será mantener y ampliar estos beneficios sin comprometer la estabilidad de los recursos públicos destinados a su funcionamiento.
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