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Una mujer que adquirió un mueble a crédito por G. 3.906.000 denunció presuntos cobros abusivos y amenazas, luego de que las exigencias de pago alcanzaran cifras que superaban ampliamente el precio originalmente acordado. El caso derivó en una entrega vigilada y el allanamiento del local Torres Comercial.
El procedimiento se realizó el 19 de octubre, bajo la dirección de la agente fiscal Blanca Zaracho, titular de la Unidad Penal N.º 4 de Mariano Roque Alonso, con autorización judicial.
Según la denuncia, la mujer compró el mueble en septiembre de 2025. Tras registrar algunos atrasos y posteriormente reanudar los pagos, habría comenzado a recibir exigencias económicas que superaban el valor inicialmente pactado.
La investigación apunta a un hombre que supuestamente se presentó como abogado encargado de gestionar el cobro de la deuda. De acuerdo con la denuncia, el sospechoso habría amenazado a la compradora con continuar realizando publicaciones agraviantes en redes sociales e incluso difundir acusaciones en la página del colegio donde estudia su hija menor de edad.
Estas amenazas, según la versión presentada ante el Ministerio Público, buscaban presionar a la mujer para que entregara las sumas exigidas, exponiendo además a su hija a posibles situaciones de hostigamiento escolar.
Ante esta situación, la Fiscalía organizó una entrega vigilada, durante la cual la denunciante entregó G. 5.828.000, con lo que el monto acumulado de las entregas llegó a G. 8.060.000. Sin embargo, el dinero utilizado durante el procedimiento fue recuperado posteriormente por los intervinientes.
Durante el allanamiento del local Torres Comercial, los investigadores también incautaron teléfonos celulares, estados de cuenta, documentos relacionados con las operaciones comerciales entre Torres Comercial y SEYCO Servicios y Cobranzas, además de otros elementos considerados relevantes para la investigación.
En medio del procedimiento, una mujer habría agredido físicamente a la agente fiscal y a un efectivo policial, motivo por el cual fue aprehendida y posteriormente detenida por la presunta comisión del hecho punible de resistencia.
Por otra parte, el Ministerio Público confirmó que se libró una orden de detención contra el hombre señalado en la denuncia como supuesto responsable de las amenazas y exigencias económicas.
Su eventual imputación continúa bajo análisis, mientras los investigadores realizan el cotejo técnico de las evidencias recogidas durante el operativo.
La Fiscalía prosigue con las diligencias para determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer si existieron otros hechos punibles relacionados con los presuntos cobros abusivos y las amenazas denunciadas.
Fuente: Material facilitado a Últimas Noticias. Fotografía: imagen proporcionada para la publicación.
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